LA NACIÓN ESPAÑOLA TODAVÍA NO EXISTE

El principal problema político que sufre España no es el proyecto independentista catalán construido en las últimas décadas, ni tampoco la dificultat de encaje de Catalunya sino, muy al contrario, la dificultad de encaje del concepto de nación española dentro del estado.

Quizás esto pueda sorprender, pero no es nada sorprendente: en realidad, la única definición aceptable y aceptada que puede hacerse de esta nación ahora mismo que es coincide con los límites territoriales y ciudadanos de lo que es actualmente la entidad política llamada Reino de España.

Esto es evidentemente muy problemático, porqué niega realidad a las naciones que podemos llamar “periféricas”, especialmente la catalana y la vasca. Se puede añadir que éstas sí están bastante bien definidas, también en términos territoriales, con aspiraciones más o menos claras de unificar los territorios de habla catalana y vasca respectivamente en unidades políticas.

No hay demasiadas dudas que la oposición radical de la administración central a que estas entidades políticas puedan constituirse y articularse mínimamente proviene por encima de todo de la impotencia que siente el nacionalismo español ante el imposible teórico de casar las dos cosas, es decir, el estado español y la nación española.

En el fondo, este nacionalismo español aspira a tener un estado como el francés, en el cual las naciones periféricas ya han sido absorbidas y se han convertido en simples identidades folklóricas. Pero España no está en este estadio: muy al contrario, las naciones periféricas estuvieron políticamente y culturalmente muy anorreadas durante el franquismo, pero florecieron con fuerza cuando éste acabó.

La transición supuso un intento de construir un estado más o menos plurinacional, y la Constitución fue una solución de compromiso relativamente buena, porqué entonces pareció que era una base adecuada para hacerlo, a pesar que sólo menciona una nación, la “Nación española”, así, en mayúsculas, y las otras aparecen como “nacionalidades” colocadas al mismo nivel que las “regiones”.

Como es bien sabido y está presente en la realidad cotidiana del día a día, la cosa no quedó sólo en las palabras: precisamente el objetivo de la creación del estado de las autonomías fue un intento más o menos claro de diluir el perfil de las naciones periféricas equiparándolas con las regiones, y dotando a éstas de las mismas competencias y atribuciones, el famoso “café para todos” de Alfonso Guerra. Es decir: no era un objetivo en positivo, sino negativo ya en la raíz. Y el motivo principal era, una vez más, la indefición de la nación española, que necesitó definirse en negativo y en detrimento de las otras naciones.

A pesar de esta asimetría degradante, durante unas dos décadas pareció que la cosa iba relativamente bien, o por lo menos regular, però llegó el año 2000, José María Aznar consiguió la mayoría absoluta y consideró que había llegado el momento de solucionar lo que, según él y los suyos, no era como tenía que ser.

Pero como no tenían un proyecto alternativo de nación, la “solución” fue la recuperación de la definición de nación española articulada y construida por el régimen franquista. Fue la tan repetida “idea de España” a la que se refirió a menudo Aznar durante su mandato. Eso sí, nunca se admitió de manera explícita que fuera la recuperación de la España de Franco, peró sí que se notó de manera implícita en el discurso y, cada vez más, en las acciones y las decisiones políticas. Desde entonces, poco a poco, este nacionalismo español fue recuperando la hegemonía que había perdido desde la transición en favor de una idea de España más de izquierdas y más descentralizada.

Desde entonces, ha ido diversificando la representación política y ampliando su espectro, primero con Ciudadanos y más recientemente con Vox, que en estos momentos forman junto al PP el tridente de este nacionalismo español, con el PSOE yendo a remolque y haciendo ver que está al margen pero, al mismo tiempo, precisamente para no quedarse al margen, ha abandonado la idea de España que había defendido durante décadas.

En esta nueva hegemonía, Vox ha asumido la exposición directa y clara del ideario base, ése que los otros dos partidos piensan pero no se atreven a utilizar, al menos todavía. Y el crecimiento enorme en los últimos años de Vox sólo se puede interpretar en esta clave: había una parte significativa de la ciudadanía española que estaba esperando poder votar a un partido como éste.

Pero no sólo eso: han sido los mismos poderes centrales del estado, los tres tradicionales pero también el cuarto y se podrían añadir unos cuantos más, los que han avalado el proyecto político implícitamente franquista de Vox incorporándolo y normalizándolo a una velocidad inaudita, sin esperar a que tuviera representación institucional y con la ficción de que es plenamente normal y “constitucional”.

Y efectivamente, Vox se declara fervientemente constitucionalista, pero abomina del título VIII de la Constitución, el que define la España autonómica, tildándola de un intento bienintencionado pero fracasado de encajar todos los elementos, y reclamando una recentralización política radical y, evidentemente, un único gobierno y un único Parlamento para todo el estado. Es decir, un programa político netamente inconstitucional, y de manera bien explícita.

Mientras tanto, durante estos 20 años el programa independentista de ERC de finales de los años 90 ha pasado de ser marginal a ser completamente hegemónico en Catalunya. Pero está claro que el independentismo no puede atribuirse el mérito: lo que ha habido ha sido una reacción de la sociedad catalana a este nacionalismo español en plena expansión. Y en la reacción, ha abrazado un proyecto que la inmensa mayoría se había negado a tomarse en serio hasta entonces.

Todo esto ha pasado mediante un proceso dinámico que puede condensarse en una palabra: cismogénesis, concepto que define los conflictos en los que las partes enfrentadas van aumentando la beligerancia mútua a lo largo del tiempo, de manera que los cambios son lo suficientemente lentos como para pasar desapercibidos uno a uno, pero que a la larga, por acumulación, acaban siendo muy notables y profundos.

En este sentido, en la cismogénesis España-Catalunya no son sólo los ciudadanos que se definen como catalanes los que no son del todo conscientes de cual ha sido su propia deriva hacia el independentismo: también la inmensa mayoría de los que se definen como españoles no han percibido la suya hacia el nacionalismo de patrón franquista, y han asumido como propio su programa. Y así los dos grupos, independentistas catalanes y nacionalistas españoles, se encuentran defendiendo idearios que fueron minoritarios, prácticamente marginales, durante el último cuarto del siglo XX y buena parte de la primera década de este XXI.

El independentismo ya hemos visto el recorrido que ha tenido: debido a su autocomplacencia, ha equivocado estrepitosamente la estrategia y ahora se arrastra en pleno proceso de regresión y fragmentación, un proceso que muy posiblemente acabará con la vuelta al autonomismo posibilista. Un repliegue estratégico que, irónicamente, ahora mismo encarna ERC, cosa que buena parte de los otros independentistas denuncia y combate con saña, pero sin saber aportar una alternativa viable.

Y esta derrota humillante ha sido frente a un nacionalismo que ahora mismo aspira a un nuevo anorreamiento de los nacionalismos que percibe como ilegítimos, porque le disputan el espacio territorial y ciudadano que considera propio. Pero, recordémoslo, lo considera propio de la nación española porque no ha sido capaz de definirla de manera legítima y clara, cosa que lo angustia profundamente.

Si resulta sorprendente esta afirmación, véase los ejemplos de esta angustia: uno ha sido la dificultad notable del uso de la bandera española como símbolo cotidiano, no oficial, durante toda la transición; otro, la negación radical que exista nada que pueda ser llamado “nacionalismo español”; y tercero, estrechamente ligado al segundo, para evitar tener que admitir su existencia, la adscripción a ese eufemismo que es el “patriotismo constitucional”.

Pero quizás el más importante es la convicción más o menos inconsciente de que quien se define como catalán antes que español es, en realidad, algo así como un extranjero que está ilegítimamente dentro de su nación, la española. Esto entronca profundamente con la España franquista y con denominaciones como “polacos” para referirse a los catalanes, equivalentes a las expresiones despectivas que utilizaron los británicos contra los irlandeses mientras Irlanda fue colonia suya, o en Francia los hablantes de lenguas minoritarias calificadas colectivamente y peyorativamente como “patois”.

Éste el es mecanismo psicológico profundo que ha permitido y está permitiendo al aparato judicial español tratar a los independentistas catalanes como ciudadanos de segunda, en realidad como extrajeros sin derechos, no abiertamente, sino utilizando los procedimientos judiciales opacos que se pueden calificar de arbitrarios. Y también con la retórica judicial, que cuando es necesario permite justificar prácticamente cualquier resolución o sentencia.

En el mismo sentido, la deformación de la realidad que se produce cuando alguien afirma que el español está en peligro en Catalunya proviene, no de una mala fe descomunal ni de un proyecto de genocidio cultural más o menos calculado, sino de un hecho más sencillo pero más profundo, cosa que es todavía más preocupante: la imposibilidad de concebir que el catalán pueda ser considerado al mismo nivel que el español. De aquí bebe también la beligerancia contra la inmersión lingüística y la imposibilidad de ver que, en realidad, el español es plenamente hegemónico en Catalunya y está empujando al catalán hacia la irrelevancia.

Y la raíz de todo es, cabe insistir, la indefinición de este ente sociopolítico que la Constitución llama “Nación española”, una indefinición que permite afirmar sin demasiadas dudas que esta nación no existe, porque se confunde con el conjunto de un estado en el que hay más naciones. En otras palabras, que España no es una nación, sino un estado. Esto significa, en breve, que en realidad no existe el “problema catalán”, sino que muy al contrario, lo que hay es un “problema español” enorme, descomunal.

Porque la intención más o menos explícita, más o menos inconsciente de los defensores de la nación española es que las naciones vasca y catalana pasen a ser algo así como Iparralde y la Catalunya Nord en Francia, lugares donde lo vasco y lo catalán sean poca cosa más que el contenido publicitario de los folletos turísticos regionales.

Josep Maria Camps Collet

@jmcampsc

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